La democracia exige más que elecciones libres y periódicas; demanda un entorno donde todas las personas, sin distinción de género, puedan participar plenamente en los procesos políticos sin temor a represalias, agresiones o exclusión. En este contexto, la violencia política de género emerge como uno de los principales desafíos que impiden alcanzar una participación igualitaria, libre y justa. Este tipo de violencia, dirigida de manera específica hacia mujeres por el hecho de serlo o por ejercer derechos políticos en espacios históricamente dominados por hombres, representa un grave obstáculo para la consolidación de una cultura democrática incluyente y respetuosa de los derechos humanos.

La construcción de una política sin violencia es una tarea esencial para garantizar la igualdad y el respeto dentro de los espacios de toma de decisiones. La violencia política en razón de género es una realidad que afecta a mujeres en todo el mundo, impidiéndoles ejercer plenamente sus derechos y contribuciones a la vida pública. Superar esta problemática requiere un compromiso colectivo y sostenido que involucre a instituciones, partidos políticos, sociedad civil y medios de comunicación.

La violencia política de género se manifiesta en diversas formas: desde comentarios misóginos y descalificaciones públicas, hasta amenazas, intimidaciones, agresiones físicas e incluso asesinatos. Esta violencia no solo afecta a las mujeres que la padecen directamente, sino que también tiene un impacto colectivo al disuadir a otras de participar en la vida pública. En consecuencia, se debilita la representatividad, se limita la pluralidad de voces y se perpetúan las desigualdades estructurales.

En las últimas décadas, los movimientos en favor de los derechos de las mujeres han logrado avances significativos en la visibilizarían de la violencia política de género. Sin embargo, a pesar de la existencia de leyes y mecanismos de protección, muchas mujeres continúan enfrentando obstáculos que limitan su participación efectiva en los espacios de poder. La violencia política puede manifestarse de diversas maneras, desde ataques verbales y amenazas hasta agresiones físicas y campañas de desprestigio que buscan desincentivar su liderazgo.

En los últimos años, México ha avanzado significativamente en el reconocimiento jurídico de este fenómeno. La reforma legal de abril de 2020, que incorporó en diversos marcos normativos la tipificación y sanción de la violencia política en razón de género, representó un paso fundamental para visibilizar y atender esta problemática. Sin embargo, la existencia de normas no basta si no se acompañan de acciones concretas, voluntad institucional y transformación cultural que promueva la igualdad sustantiva y erradique prácticas discriminatorias.

Una política sin violencia implica el reconocimiento de la dignidad de todas las personas y el compromiso con los valores democráticos. La violencia política de género no es una cuestión de incidentes aislados ni de conflictos personales, sino una expresión de relaciones de poder desiguales, profundamente arraigadas en estructuras sociales, culturales e institucionales. Por tanto, la respuesta debe ser integral, interseccional y sostenida.

La consolidación de una democracia incluyente requiere garantizar que todas las personas, sin distinción de género, tengan acceso a la esfera política en condiciones de igualdad y seguridad. Para ello, es fundamental la implementación de estrategias integrales que combatan la violencia política y promuevan un ambiente de respeto y equidad. La capacitación y sensibilización de actores políticos y funcionarios es una de las vías para transformar las prácticas discriminatorias y crear entornos más inclusivos.

Asimismo, la participación de los medios de comunicación es clave en este proceso. Los discursos y narrativas que refuerzan estereotipos de género o minimizan la violencia política contribuyen a la normalización de estas prácticas. Es necesario que los medios asuman un papel responsable al informar sobre la participación política de las mujeres, evitando enfoques sensacionalistas y dando visibilidad a sus propuestas y logros.

El fortalecimiento del marco legal es otra acción fundamental. Si bien algunos países han tipificado la violencia política de género y establecido sanciones, es indispensable garantizar la aplicación efectiva de estas normas. Esto implica dotar a las instituciones de los recursos y la autonomía necesarios para investigar y sancionar estos actos, así como proporcionar a las víctimas mecanismos de denuncia accesibles y confiables.

Erradicar la violencia en el ámbito político requiere de esfuerzos coordinados entre partidos, instituciones electorales, órganos jurisdiccionales, medios de comunicación, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Cada actor tiene una responsabilidad específica que no puede eludirse.

Entre las acciones fundamentales para una política libre de violencia de género destacan:

• - Fortalecimiento normativo: Es indispensable contar con leyes claras, efectivas y armonizadas que definan, prevengan, sancionen y reparen los actos de violencia política de género en todas sus manifestaciones. Esto incluye no solo el ámbito electoral, sino también el institucional y partidista.
• - Capacitación continua: Todos los actores del sistema político, especialmente quienes integran partidos, autoridades electorales y medios de comunicación, deben recibir formación constante en materia de derechos humanos, perspectiva de género y cultura democrática.
• - Mecanismos de prevención y denuncia: Las mujeres deben contar con canales accesibles, seguros y confiables para denunciar actos de violencia, así como con medidas de protección eficaces durante y después del proceso. Además, se debe asegurar que las investigaciones sean prontas, imparciales y sancionadoras.
• - Cultura política incluyente: Es necesario transformar las prácticas partidistas y administrativas que normalizan la exclusión o la agresión hacia las mujeres. Esto implica adoptar códigos de ética, revisar procesos de selección de candidaturas y promover ambientes laborales y políticos seguros.
• - Monitoreo y transparencia: El seguimiento sistemático de casos, estadísticas y tendencias permite identificar patrones, prevenir nuevos actos de violencia y generar políticas públicas más efectivas.
• - Participación ciudadana informada: La sensibilización y formación de la ciudadanía en general sobre los efectos de la violencia política de género es esencial para generar presión social y respaldo a las víctimas. La democracia no se construye en solitario, sino en colectivo.

La violencia política hacia las mujeres se produce tanto en contextos locales como nacionales, y afecta a mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes, adultas mayores, con discapacidad, de diversidad sexual y de contextos urbanos o rurales. La intersección de estas condiciones produce formas agravadas de exclusión, por lo que las medidas de atención deben considerar estas diferencias para ser efectivas.

A pesar de los avances normativos, muchas mujeres continúan enfrentando obstáculos para participar en la vida política sin ser objeto de agresiones. El temor al descrédito, la falta de confianza en las instituciones, la impunidad de los agresores y la normalización de conductas violentas contribuyen a la invisibilización del problema y a la revictimización de quienes se atreven a denunciar. Por eso, romper el silencio no debe recaer solo en las víctimas, sino ser un acto colectivo de respaldo, credibilidad institucional y justicia efectiva.

Por otra parte, la tecnología y las redes sociales han representado un doble desafío en este contexto. Si bien han ampliado las oportunidades de comunicación y participación, también han sido utilizadas para ejercer violencia digital contra mujeres en la política. Es imperativo que las plataformas digitales implementen medidas efectivas para prevenir el acoso y sancionar a quienes recurren a la intimidación y la desinformación como herramientas de violencia.

Los partidos políticos, como agentes fundamentales del sistema democrático, tienen una doble responsabilidad. Por un lado, deben garantizar que en su vida interna exista igualdad de oportunidades, respeto y promoción del liderazgo femenino. Por otro lado, deben condenar públicamente todo acto de violencia y sancionar a sus integrantes que incurran en estas prácticas. Solo así es posible generar confianza y avanzar hacia estructuras más representativas.

Asimismo, los medios de comunicación tienen un papel crucial en la forma en que informan y visibilizan la participación política de las mujeres. El uso de lenguaje sexista, la espectacularización del conflicto y la omisión de contextos estructurales refuerzan estereotipos y trivializan la violencia. Promover un periodismo con enfoque de género es una tarea urgente que contribuye a desnaturalizar la discriminación y fomentar narrativas positivas sobre el liderazgo femenino.

En el ámbito judicial, los tribunales deben resolver con perspectiva de género, garantizando que los derechos políticos de las mujeres sean protegidos de manera efectiva. La jurisprudencia en materia de violencia política en razón de género debe ser clara, accesible y progresiva. La reparación del daño, además, debe incluir medidas simbólicas, institucionales y personales que restituyan la dignidad de las víctimas.

No podemos olvidar que el costo de la violencia política de género no solo es personal, sino social. Al impedir que mujeres con experiencia, compromiso y propuestas participen plenamente en los espacios de decisión, se pierde talento, diversidad y legitimidad democrática. La igualdad no puede ser un discurso vacío; debe traducirse en condiciones materiales y simbólicas para ejercer los derechos políticos sin violencia.

En este sentido, la erradicación de la violencia política de género no es una opción, sino una obligación ética, jurídica y democrática. Cada mujer que es silenciada, excluida o agredida por su participación política representa un retroceso en el camino hacia la igualdad. Pero cada mujer que logra alzar la voz, resistir y permanecer, también representa una esperanza para transformar la política desde dentro.

El compromiso con la igualdad y el respeto en la política debe ir más allá de las normativas y declaratorias públicas. Es necesario impulsar una transformación cultural que desafíe las estructuras de poder excluyentes y promueva la participación equitativa. La construcción de redes de apoyo, la mentoría entre mujeres líderes y el acceso a formación especializada son estrategias clave para fomentar el liderazgo femenino y fortalecer su presencia en la toma de decisiones.

El compromiso por una política sin violencia exige:

• -Que las instituciones asuman con seriedad la protección de los derechos políticos de las mujeres.
• -Que los partidos garanticen una vida interna democrática e igualitaria.
• -Que la sociedad en su conjunto deje de normalizar y justificar la violencia.
• -Que los medios visibilicen el problema con responsabilidad y sensibilidad.
• -Que se acompañe a las víctimas en lugar de cuestionarlas.
• -Que se abran espacios reales de participación con condiciones equitativas.
• -Que se reconozca la capacidad, liderazgo y aportes de las mujeres sin prejuicios ni discriminación.

El camino hacia la igualdad sustantiva en la representación política no será posible si no erradicamos la violencia que obstaculiza, castiga y desalienta la participación de las mujeres. Hacer política sin violencia es hacer democracia de verdad. Es apostar por una cultura de respeto, inclusión y justicia. Es reconocer que la diversidad fortalece las decisiones colectivas y que la paridad no es una concesión, sino un derecho conquistado.

La transformación de la vida pública no será plena mientras existan mujeres que deban elegir entre participar y estar seguras. El verdadero compromiso democrático se mide en la capacidad de garantizar que ninguna mujer más tenga que callar, renunciar o sufrir por ejercer sus derechos. Porque una política sin violencia es una política con igualdad, y una política con igualdad es el único camino hacia una sociedad más justa, libre y democrática para todas las personas.

Romper con la violencia política de género es una tarea de todas y todos. La democracia solo puede consolidarse si garantiza espacios seguros y libres de discriminación para quienes participan en la vida pública. La construcción de una política sin violencia no solo es un imperativo de justicia y derechos humanos, sino también una condición esencial para el desarrollo de sociedades más justas, equitativas y democráticas.