En los últimos años, la violencia política de género ha cobrado visibilidad como una de las formas más insidiosas de exclusión y discriminación que enfrentan las mujeres en los espacios de poder. Esta violencia, que busca limitar o impedir la participación política de las mujeres por el solo hecho de serlo, constituye una violación a los derechos humanos y un obstáculo grave para la consolidación de una democracia verdaderamente incluyente. Si bien la legislación y las políticas públicas han comenzado a dar respuesta a esta problemática, aún persisten múltiples desafíos que requieren una atención decidida desde todos los sectores de la sociedad. En este escenario, la participación ciudadana emerge como una herramienta clave no solo para visibilizar la violencia política de género, sino también para construir soluciones colectivas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.
La violencia política de género es un fenómeno complejo que se manifiesta en diversas formas: desde ataques simbólicos y discursivos hasta agresiones físicas y amenazas. Se expresa mediante obstáculos para acceder a cargos públicos, acoso en el ejercicio del poder, exclusión de decisiones relevantes y deslegitimación de las capacidades femeninas. Estas prácticas no sólo afectan la trayectoria de mujeres políticas o activistas, sino que también envían un mensaje social desalentador para otras mujeres interesadas en participar en la vida pública. En este sentido, se configura como una violencia estructural que reproduce estereotipos, jerarquías patriarcales y exclusión sistemática.
Uno de los desafíos fundamentales en la erradicación de la violencia política de género radica en el reconocimiento efectivo de esta problemática por parte de instituciones, partidos políticos y ciudadanía. A pesar de que existen marcos normativos que sancionan estas conductas, la aplicación real y sistemática de dichas normas aún enfrenta resistencias institucionales, normalización social y deficiencias en los mecanismos de protección. Para muchas mujeres, denunciar este tipo de violencia implica exponerse aún más a la revictimización o a la impunidad.
Además, la violencia política de género no ocurre en el vacío. Está profundamente relacionada con otros factores de discriminación como la clase, la etnicidad, la orientación sexual o la edad. Las mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes o con alguna discapacidad enfrentan barreras adicionales que agravan su exclusión. De este modo, cualquier estrategia para erradicar la violencia política debe tener un enfoque interseccional, que reconozca la diversidad de experiencias y propicie mecanismos de inclusión para todas las mujeres.
La participación ciudadana juega un papel crucial en el combate a esta violencia. No se trata únicamente del derecho a votar, sino del ejercicio activo de vigilar, exigir y transformar las condiciones de la vida política. La ciudadanía tiene la posibilidad de impulsar agendas públicas que promuevan la igualdad, monitorear la actuación de los partidos políticos y fomentar prácticas democráticas más incluyentes. En este sentido, la organización social, los observatorios ciudadanos, las redes de mujeres y los colectivos feministas han sido actores fundamentales para visibilizar esta problemática y exigir justicia.
Asimismo, la formación cívica con perspectiva de género es indispensable para construir una cultura democrática respetuosa e igualitaria. Promover espacios de diálogo, capacitación y reflexión crítica permite que la ciudadanía identifique las distintas formas de violencia política y se movilice contra ellas. Esta tarea corresponde no sólo a las instituciones electorales, sino también al sistema educativo, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.
Entre las soluciones propuestas desde la participación ciudadana para erradicar la violencia política de género destacan:
La exigencia del cumplimiento efectivo de las leyes y protocolos que protegen a las mujeres en el ámbito político.
La creación y fortalecimiento de redes de apoyo entre mujeres candidatas, funcionarias, activistas y defensoras de derechos.
El monitoreo ciudadano de campañas políticas, debates públicos y medios de comunicación para detectar discursos discriminatorios o prácticas violentas.
El impulso de reformas estructurales dentro de los partidos políticos para garantizar ambientes seguros y equitativos.
La denuncia activa y acompañada de casos de violencia política, brindando respaldo jurídico y emocional a las víctimas.
La promoción de campañas públicas que desnaturalicen la violencia, sensibilicen a la sociedad y generen empatía con las mujeres que participan en la vida pública.
Por ello, es urgente transformar los marcos culturales que perpetúan la violencia simbólica y estructural hacia las mujeres en la política.
En este contexto, la participación ciudadana cobra un papel fundamental. La ciudadanía informada y activa puede desempeñar un rol crucial en la identificación, denuncia y prevención de la violencia política de género. Las redes comunitarias, los movimientos sociales, las organizaciones feministas y los observatorios ciudadanos pueden actuar como contrapesos al poder institucional, visibilizando los casos que no llegan a las instancias formales, exigiendo rendición de cuentas y acompañando a las víctimas. Su participación no solo genera presión pública para el cumplimiento de la ley, sino que también permite construir una cultura democrática basada en la igualdad, el respeto y la inclusión.
El fortalecimiento de la participación ciudadana también implica generar espacios de formación y sensibilización sobre los derechos políticos de las mujeres, la identificación de la violencia de género en sus diversas formas, y las rutas de atención y denuncia disponibles. Para ello, es indispensable contar con campañas permanentes de educación cívica y derechos humanos, dirigidas no solo a las mujeres, sino a la ciudadanía en general, con enfoque intercultural, intergeneracional y territorial. La comprensión profunda del fenómeno por parte de la población es condición indispensable para lograr una transformación estructural en la manera en que se concibe y se ejerce la política.
Otro desafío importante es la escasa denuncia de los casos. Muchas mujeres que experimentan violencia política de género optan por el silencio, ya sea por temor a represalias, desconfianza en las instituciones, falta de acompañamiento, o por la estigmatización que enfrentan al denunciar. En muchos casos, las víctimas son revictimizadas, desacreditadas o abandonadas por sus propios partidos, lo que refuerza la idea de que denunciar es inútil o incluso perjudicial para sus carreras. En este sentido, es urgente fortalecer los mecanismos institucionales de protección, garantizar la confidencialidad, establecer protocolos de atención con perspectiva de género, y ofrecer asistencia legal, psicológica y política a las mujeres que enfrentan estas situaciones.
A pesar de los avances, persisten retos importantes. La violencia digital, por ejemplo, ha cobrado una presencia significativa como una nueva forma de intimidación, sobre todo hacia mujeres jóvenes o aquellas con posiciones de liderazgo visibles. Los ataques en redes sociales, la difusión de mensajes misóginos, las amenazas en línea y la manipulación de imágenes forman parte de este nuevo escenario, muchas veces invisibilizado o minimizado por las autoridades. Es urgente que la ciudadanía y las instituciones actualicen sus herramientas de prevención y reacción ante estas nuevas manifestaciones.
Los partidos políticos tienen una responsabilidad especial en la erradicación de la violencia política de género. No basta con cumplir formalmente las disposiciones legales en materia de paridad, si las estructuras internas siguen reproduciendo prácticas excluyentes o violentas. Los partidos deben adoptar medidas internas claras para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género, incluyendo códigos de conducta, comisiones de ética con enfoque de género, y mecanismos de justicia partidaria accesibles y eficaces. Además, deben fomentar una cultura organizacional que promueva el respeto, la inclusión y la corresponsabilidad en la toma de decisiones.
Las autoridades electorales, por su parte, deben asegurar que los procesos democráticos se desarrollen en condiciones de equidad, legalidad y seguridad para todas las personas. Para ello, es indispensable fortalecer los mecanismos de vigilancia, sanción y reparación en casos de violencia política de género. La existencia de registros públicos de agresores, como el Registro Nacional de Personas Sancionadas, constituye un avance, pero aún se requiere mejorar la coordinación interinstitucional, la difusión de los instrumentos disponibles, y la capacitación de las y los funcionarios responsables de su implementación.
Los medios de comunicación también desempeñan un papel crucial en este escenario. La forma en que se cubren los procesos políticos, las candidaturas y los liderazgos femeninos influye directamente en la percepción que la sociedad tiene sobre las mujeres en la política. El uso de estereotipos de género, la minimización de logros, la focalización en aspectos personales o familiares, o la falta de cobertura equitativa, constituyen formas de violencia simbólica que deben ser erradicadas. La autorregulación, la formación en perspectiva de género, y la responsabilidad editorial son fundamentales para construir una narrativa mediática que contribuya a la igualdad política.
En el ámbito comunitario, la participación ciudadana puede impulsar la creación de redes de apoyo para mujeres que participan en política. Estas redes pueden brindar acompañamiento emocional, asesoría legal, apoyo logístico y respaldo público ante situaciones de violencia. El fortalecimiento de la sororidad y la solidaridad entre mujeres de distintas trayectorias, edades, ideologías o contextos, constituye una herramienta poderosa para enfrentar la violencia política de género y promover liderazgos femeninos sólidos y resilientes.
Además, es indispensable fomentar la inclusión activa de mujeres jóvenes, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, de la diversidad sexual y de contextos rurales, en los procesos políticos y en las estrategias de participación ciudadana. La violencia política de género suele agravarse en la intersección con otras formas de discriminación, por lo que es necesario adoptar un enfoque interseccional en las políticas de prevención, atención y reparación. La diversidad debe ser vista como una riqueza para la democracia, y no como un obstáculo a sortear.
La innovación tecnológica también ofrece oportunidades para fortalecer la participación ciudadana y combatir la violencia política de género. Plataformas digitales pueden ser utilizadas para difundir información, documentar casos, generar alertas tempranas, y organizar acciones colectivas. Sin embargo, también representan nuevos espacios de riesgo, dado que muchas mujeres políticas son víctimas de violencia digital: acoso, amenazas, difusión de datos personales, manipulación de imágenes, etc. Por ello, es fundamental regular las plataformas digitales con enfoque de derechos humanos, promover la alfabetización digital con perspectiva de género, y establecer protocolos para la prevención y atención de la violencia en línea.
En este proceso, la educación juega un papel estratégico. La formación cívica, ética y política con enfoque de igualdad de género debe ser parte del currículo escolar desde edades tempranas, para construir una ciudadanía crítica, empática y comprometida con la equidad. Asimismo, deben impulsarse programas de capacitación continua para docentes, servidores públicos, periodistas, líderes comunitarios y militantes políticos, que les permitan identificar, prevenir y atender la violencia política de género en sus contextos respectivos.
La producción y difusión de datos desagregados, investigaciones y diagnósticos sobre la violencia política de género es también una tarea pendiente. Contar con evidencia empírica confiable y actualizada permite dimensionar el problema, identificar patrones y tendencias, evaluar la eficacia de las políticas públicas, y diseñar intervenciones más efectivas. En este sentido, es necesario fortalecer el trabajo de las instituciones académicas, los institutos de estadística, y los observatorios ciudadanos, así como promover la participación de mujeres investigadoras en el análisis de estos fenómenos.
Finalmente, es importante subrayar que la violencia política de género no es un problema exclusivo de las mujeres, ni puede ser abordado únicamente por ellas. Se trata de una cuestión de derechos humanos, justicia social y calidad democrática, que interpela a toda la sociedad. Los hombres que participan en política, los dirigentes partidistas, los periodistas, los funcionarios públicos, y la ciudadanía en general, deben asumir una postura activa frente a esta violencia, reconociendo sus privilegios, cuestionando las prácticas machistas, y contribuyendo a la construcción de una cultura política libre de violencia.
La participación ciudadana, en sus múltiples expresiones, puede y debe ser el motor de esta transformación. Cuando la sociedad exige igualdad, respalda a las mujeres líderes, denuncia la violencia, y construye entornos de respeto y pluralidad, se fortalece la democracia. Una ciudadanía vigilante, informada y empática tiene el poder de cambiar estructuras, de romper el silencio y de hacer valer los derechos de todas las personas. La erradicación de la violencia política de género no es solo una meta legal o institucional; es una tarea colectiva, urgente y posible, si se construye desde la participación activa, consciente y comprometida de la sociedad en su conjunto.