La violencia política contra las mujeres representa una de las manifestaciones más preocupantes de la desigualdad de género en el ámbito público y constituye una grave amenaza para el funcionamiento democrático de las naciones. Esta problemática ha cobrado relevancia en el discurso jurídico y político gracias a la incansable lucha de movimientos de mujeres, defensoras de derechos humanos y actores comprometidos con la equidad. El reconocimiento de esta forma de violencia ha derivado en avances legislativos y acciones institucionales orientadas a su prevención, atención y erradicación. Sin embargo, persisten retos significativos para garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos sin temor a represalias, discriminación o agresiones.
La violencia política en razón de género se caracteriza por actos dirigidos a menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Esta violencia se manifiesta en el contexto de procesos electorales, en el ejercicio de cargos de representación o en la participación activa dentro de partidos políticos, movimientos sociales o espacios de decisión. Las conductas que la conforman pueden ser físicas, psicológicas, simbólicas, económicas, digitales, sexuales o institucionales, y afectan tanto a mujeres candidatas como a militantes, funcionarias, periodistas, activistas y defensoras.
En México, uno de los avances más significativos en esta materia fue la publicación, en abril de 2020, del conjunto de reformas conocido como la "Reforma de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género". Este paquete legislativo modificó diversas leyes federales, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal. Con ello, se estableció la violencia política de género como una infracción y un delito, definiéndola jurídicamente y fijando sanciones para quienes la cometan.
Entre los aspectos más relevantes de esta legislación se encuentra la incorporación del principio de paridad como eje rector en todos los niveles de gobierno y la obligación de las autoridades electorales de prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres. Además, se establecieron mecanismos de protección, como la posibilidad de solicitar medidas cautelares, la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género y la facultad del Instituto Nacional Electoral para intervenir en casos graves que comprometan la equidad en la contienda.
Otro avance importante ha sido el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ha emitido criterios jurisdiccionales orientadores y sentencias que sientan precedentes sobre la protección de los derechos políticos de las mujeres. Estas resoluciones han contribuido a perfilar el alcance de la legislación y a visibilizar los distintos ámbitos en los que se manifiesta esta violencia, como los medios de comunicación, las redes sociales o el interior de los partidos políticos.
Pese a estos avances, la violencia política contra las mujeres persiste y se adapta a nuevos contextos. Las agresiones en línea, el desprestigio en plataformas digitales, la difusión de mensajes sexistas y la obstaculización del ejercicio del cargo son formas que han cobrado relevancia en los últimos años. Por ello, las acciones legislativas deben complementarse con estrategias integrales que aborden las causas estructurales de la desigualdad y promuevan una cultura democrática incluyente y respetuosa de los derechos de las mujeres.
En este sentido, es fundamental que los partidos políticos adopten códigos de ética, protocolos de atención a casos de violencia, capacitación obligatoria en perspectiva de género para sus militantes y dirigencias, y mecanismos eficaces de denuncia y sanción. La voluntad política de las dirigencias partidistas es clave para que la paridad y la no violencia se traduzcan en prácticas internas que respalden a las mujeres y fortalezcan la democracia interna.
De igual forma, las autoridades electorales deben fortalecer sus capacidades institucionales para recibir, investigar y sancionar con prontitud los casos de violencia política. La capacitación continua del personal, la creación de unidades especializadas y la articulación con otras instancias de protección a derechos humanos son acciones indispensables para garantizar una atención efectiva y con enfoque de género.
La sociedad civil también tiene un papel fundamental en la vigilancia, denuncia y acompañamiento de casos de violencia política contra las mujeres. Las organizaciones feministas, observatorios ciudadanos, redes de mujeres y defensoras de derechos humanos han sido clave en la documentación de casos, la asesoría jurídica, la capacitación y la incidencia pública. Su labor es indispensable para generar conciencia, empoderar a las mujeres y presionar por el cumplimiento efectivo de la legislación.
Por otro lado, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de evitar reproducir estereotipos de género, difundir información con perspectiva de derechos humanos y visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres en la esfera política. Su papel como formadores de opinión es crucial para transformar imaginarios sociales y contribuir a la prevención de la violencia.
La educación con enfoque de género desde niveles básicos hasta el nivel superior es otra acción necesaria para erradicar las causas profundas de la violencia política. Promover una cultura de respeto, igualdad y no discriminación desde edades tempranas puede transformar las estructuras simbólicas que legitiman la exclusión y la agresión contra las mujeres en la vida pública.
En definitiva, la legislación y las acciones para erradicar la violencia política contra las mujeres deben formar parte de una estrategia más amplia de democratización del poder, transformación cultural y garantía de derechos. Es indispensable que los avances normativos se traduzcan en cambios reales y sostenibles en la vida de las mujeres. Para lograrlo, se requiere la articulación de esfuerzos entre los poderes del Estado, los partidos políticos, las organizaciones sociales, los medios y la ciudadanía en su conjunto.
Solo en una sociedad donde las mujeres puedan participar plenamente en condiciones de igualdad y sin violencia será posible construir una democracia auténticamente incluyente, representativa y justa. Erradicar la violencia política de género no es una tarea exclusiva de quienes la padecen, sino una responsabilidad colectiva que interpela a todas y todos por igual.
Además, es esencial considerar el papel de las tecnologías digitales en la reproducción de la violencia política de género. El ciberacoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y las campañas de desprestigio en redes sociales son formas de agresión que han crecido en los últimos años. Por ello, es urgente fortalecer la legislación en materia de delitos digitales con perspectiva de género, así como capacitar a las autoridades para su investigación y sanción oportuna.
La articulación internacional también ofrece oportunidades valiosas. Las buenas prácticas implementadas en otros países de América Latina, como Bolivia, Perú o Argentina, pueden servir de referencia para robustecer el marco institucional mexicano. La cooperación entre organismos regionales, tribunales internacionales y organizaciones civiles fortalece los mecanismos de protección y genera estándares compartidos que refuerzan los compromisos nacionales.
Asimismo, se requiere un seguimiento sistemático a los compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. Estos tratados obligan al Estado mexicano a garantizar condiciones de igualdad sustantiva y a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluida aquella que ocurre en el ámbito político.
Una vía fundamental para erradicar la violencia política es fomentar el liderazgo colectivo de las mujeres. Las redes de mujeres líderes, los espacios de mentoría intergeneracional y la formación de alianzas entre mujeres de diferentes ámbitos promueven la solidaridad, el acompañamiento y la construcción de estrategias compartidas para enfrentar la violencia. Este tipo de liderazgo horizontal es un pilar esencial para avanzar en la transformación estructural.
Del mismo modo, es necesario fomentar la investigación académica y social en torno a la violencia política de género. Contar con diagnósticos locales, análisis comparados y estudios de caso contribuye a entender mejor las dinámicas, causas y consecuencias de esta problemática, así como a diseñar respuestas más pertinentes y eficaces. Las universidades, centros de investigación y organismos internacionales pueden desempeñar un rol clave en la producción de conocimiento y en la evaluación de políticas públicas.
Finalmente, se debe impulsar la participación activa de las juventudes en la construcción de una política libre de violencia y discriminación. Las nuevas generaciones tienen el potencial de renovar la vida pública con una visión crítica y transformadora. Incluir a las y los jóvenes en los espacios de toma de decisiones, en procesos de formación y en acciones de incidencia no solo fortalece la democracia, sino que permite construir una ciudadanía comprometida con los derechos humanos y la equidad de género desde una perspectiva intergeneracional.
También se debe reforzar el papel de los institutos estatales y municipales de las mujeres. Estas instancias, al contar con autonomía técnica y presupuestal, pueden desarrollar políticas públicas adaptadas a contextos locales, sensibilizar a las autoridades comunitarias y dar seguimiento cercano a los casos de violencia política. La descentralización de la política de igualdad permite atender las especificidades territoriales y culturales de cada región del país.
La interseccionalidad debe ser un eje transversal en la implementación de acciones. No todas las mujeres enfrentan la violencia política de la misma manera. Las mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, con discapacidad o de la diversidad sexual viven múltiples formas de discriminación. Por ello, las políticas públicas deben contemplar sus necesidades específicas y promover entornos políticos accesibles, seguros y respetuosos para todas.
Por otro lado, es importante crear indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan medir con precisión la incidencia y evolución de la violencia política de género. Esta información es clave para el diseño de estrategias eficaces, la asignación de recursos adecuados y la evaluación del impacto de las acciones institucionales. La generación de datos confiables, desagregados y actualizados debe ser una prioridad para los organismos públicos.
La sanción efectiva de los agresores es un componente fundamental en la lucha contra la violencia política. Es necesario garantizar que quienes cometan este tipo de agresiones enfrenten consecuencias jurídicas proporcionales, disuasorias y ejemplares. La impunidad no solo revictimiza a las mujeres, sino que envía un mensaje de permisividad social que perpetúa la violencia. La justicia debe actuar con diligencia, imparcialidad y perspectiva de género.
Al mismo tiempo, deben existir mecanismos eficaces de reparación integral para las víctimas. Estas medidas deben contemplar la restitución de derechos, la rehabilitación emocional, la compensación del daño y las garantías de no repetición. La reparación debe ser un proceso accesible, transparente y centrado en la dignidad de las mujeres, reconociendo su agencia y su papel como actoras clave en la vida democrática.
El fortalecimiento del marco normativo debe acompañarse de campañas permanentes de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. Estas campañas deben transmitir un mensaje claro de rechazo a la violencia política, promover modelos positivos de liderazgo femenino y generar conciencia sobre el impacto de estas agresiones en la calidad de la democracia. El cambio cultural es tan importante como el cambio legal.
Asimismo, se debe fomentar la formación de funcionarios públicos, legisladores, jueces y operadores jurídicos en perspectiva de género y derechos humanos. La sensibilización institucional permite prevenir actitudes discriminatorias, garantizar un trato adecuado a las víctimas y asegurar la aplicación efectiva de las normas. La capacitación no debe verse como un acto simbólico, sino como una responsabilidad permanente.
Finalmente, es indispensable promover el reconocimiento social del papel transformador que tienen las mujeres en la política. Su presencia en los espacios de decisión no solo representa una exigencia democrática, sino una oportunidad para construir políticas más justas, inclusivas y cercanas a las necesidades de la población. Erradicar la violencia política de género no solo beneficia a las mujeres: fortalece a toda la sociedad. Solo a través de un compromiso colectivo, sostenido y firme podremos construir una democracia verdaderamente igualitaria y libre de violencia, en la que cada mujer pueda ejercer plenamente sus derechos, alzar su voz sin temor y liderar los cambios que nuestra sociedad necesita.